Servicios jurídicos para empresas
Asesoría jurídica para micro, pequeñas y medianas empresas: constituir bien, contratar bien, cumplir la normativa y defenderse cuando hace falta. Trato directo con el abogado a cargo, sin intermediarios ni demoras.
Las grandes empresas tienen departamentos legales completos. La empresa que recién parte, la que ya opera con equipo propio y la que está creciendo suelen resolver lo jurídico cuando ya explotó. Ahí es donde sale caro.
El que está formalizando, necesita constituir bien la sociedad y trabajar con contratos que lo protejan desde el primer cliente.
Ya tiene trabajadores, proveedores y facturas por cobrar. Necesita orden contractual y respuesta rápida ante un conflicto.
Enfrenta obligaciones de cumplimiento, fiscalizaciones y juicios. Necesita prevención estructurada, no solo defensa.
Se contratan por separado o como asesoría continua. Lo habitual es empezar por una y ampliar según lo que la empresa vaya necesitando.
Que la sociedad esté bien armada desde el origen evita conflictos entre socios y problemas al momento de crecer o vender.
Para lo que aparece en la operación diaria y no justifica una asesoría permanente.
Las obligaciones de cumplimiento ya no son solo de las grandes empresas. Un modelo bien implementado reduce exposición y sirve como atenuante o eximente de responsabilidad.
Cuando el conflicto ya está, representación directa del abogado a cargo, sin traspaso a terceros.
Dos modalidades según el tipo de trabajo. Ambas se acuerdan por escrito antes de iniciar cualquier gestión.
Un pago mensual acordado con la empresa y ajustado a su presupuesto, que cubre la asesoría permanente: consultas, revisión de contratos y acompañamiento en las decisiones del período.
La ventaja es la previsibilidad: sabe cuánto va a gastar en el año y deja de postergar consultas por miedo a la boleta.
Un honorario inicial fijado según la cuantía del asunto, más un porcentaje sobre el resultado: lo que se obtenga en un cobro, o lo que la empresa ahorre respecto de lo que se le demandaba.
El sentido es alinear los incentivos: al estudio le conviene el mismo resultado que a la empresa.
Sobre gastos operacionales: los honorarios profesionales cubren la asesoría y la tramitación. Los gastos de terceros —derechos notariales, aranceles del Conservador de Bienes Raíces, receptores judiciales, peritajes y publicaciones— son de cargo de la empresa y se pagan directamente conforme a los valores oficiales de cada institución.
Su caso lo lleva directamente el abogado a cargo. No pasa por un ejecutivo comercial ni queda en manos de un procurador que usted no conoce.
Honorarios, alcance del servicio y condiciones quedan documentados antes de empezar. Sin sorpresas a mitad de camino.
Los encargos se administran en Lex-Doctor, plataforma profesional de gestión jurídica. Con acceso habilitado, la empresa consulta desde su navegador el estado de las causas que nos encomendó, con cada actuación y su fecha.
Las empresas que contratan nuestros servicios acceden a los cursos del estudio en responsabilidad penal empresarial y protección de datos personales, para que el equipo entienda las obligaciones que la empresa debe cumplir. La norma se cumple cuando la conoce quien la aplica todos los días, no solo el gerente.
Una reunión presencial o por videollamada para revisar su situación concreta y proponerle qué conviene hacer primero. Sin costo y sin compromiso.
Agendar por WhatsApp: +56 9 9402 3672También puede escribir a contacto@gru-abogado.cl